Revista
Latinoamericana de
Recreación

ISSN: 2027-7385
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La Recreación como derecho constitucional en América Latina. Un estudio para reflexionar sobre el alcance de la recreación en Latinoamérica
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Julia C. Gerlero

Recibido: Marzo 26 de 2011
Aprobado Junio 16 de 2011
Resumen: El artículo presenta las características del derecho a la recreación proclamado en algunas constituciones de países Latinoamericanos. Identifica al derecho a la recreación como un derecho social sustancialmente distinto al derecho a descanso y vacaciones, y al derecho proclamado por el art. Nº 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, resaltando así su importancia y singularidad. Contribuye a configurar una aproximación global a la recreación en América Latina en el marco del derecho constitucional: características, destinatarios, garantes, prácticas impulsadas por los Estados, recursos, etc. Finalmente interpreta el derecho a la recreación como una expresión del hecho recreativo en Latinoamérica, a fin de reflexionar sobre el campo de acción y desarrollo de la recreación, ya sea en sus aspectos tradicionales como en aquellas temáticas que emergen como propias del fenómeno, a partir del estudio.

Palabras Clave: Recreación - Derecho - Constituciones- Latinoamérica.

Leisure as a Constitutional Right in Latin America.
A study to reflect on the scope of leisure in Latin America


Abstract: The article show the features of the right to recreation, proclaimed in the constitutions of some Latin American countries. identifying the right to recreation as a social right substantially different from the right to rest and vacations, also the right proclaimed by the art. Nº 24 of the Universal Declaration of Human rights, highlighting its importance and singularity. Contributes to shaping a global approach the constitutional right to recreation in Latin America under the same ones characteristics of rights, beneficiaries, guarantors, state motivated practices, resources, etc. 
Finally interprets the right to recreation as an expression of recreational made ??in Latin America, to reflect on the scope and development of recreation, whether in its traditional aspects like those issues that emerge as characteristic of the phenomenon from the study.

Key Words: Leisure - Right - Constitutions - Latin America.
Información Biográfica

Candidato a Doctor por la Universidad de Deusto. Bilbao, España. Master en Dirección de Proyectos de Ocio; Master en Teorías y Políticas de la Recreación. Profesora de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina.
Correo electrónico:
juliagerlero@hotmail.com
Introducción y aspectos metodológicos

El derecho brinda a la sociedad una forma de organización tanto en la conformación del Estado, como en el orden civil. Las leyes y normas que a estos fines se elaboran, impactan en nuestra vida cotidiana de formas que pasan inadvertidas, pero no por ello, son inocuas a nuestra conducta. Como contrapartida, estas mismas normas provienen de nuestra propia representación de la vida en sociedad y están imbuidas por tanto, de nuestras costumbres, convicciones y maneras de ver el mundo. En este sentido, al indagar en el derecho a la recreación en las Constituciones Latinoamericanas, advertimos como se reflejan aspectos del mismo fenómeno recreativo en las distintas sociedades, sus características, sus prácticas, los sujetos que detentan la atención del Estado para la recreación, al tiempo que podemos delinear la concepción misma que subyace de la recreación en esos países Latinoamericanos.

La inquietud por revelar estos aspectos ha dado origen a la investigación de la que se desprende este artículo. La misma tuvo como objetivo caracterizar el derecho a la recreación consagrado en las constituciones de los países de América Latina. Se trata de una investigación documental que considera como fuente de datos a las Constituciones de 19 países Latinoamericanos; documentos de Derechos Humanos; y sentencias de dos Cortes Supremas Latinoamericanas referidas al tema, así como documentos de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.

El tratamiento de los textos corresponde al procedimiento interpretativo de textos escritos, identificado como “análisis de contenido” (Piñuel, 2002). La lógica del análisis está basada en la combinación de categorías en razón de sus significados, es decir, se trata de un enfoque cualitativo. Se recurrió al mismo tiempo, al proceso de triangulación en dos instancias bien diferenciadas: “Triangulación teórica”, en el momento inicial del estudio, a fin de contrastar los marcos teóricos que permitieran resignificar los conceptos objeto de análisis; y “triangulación de datos”, fundamentalmente entre los datos arrojados a partir del análisis de las Constituciones y su contrastación con otras formulaciones del derecho en el tema, en tanto son datos diferenciados recogidos y analizados en diferentes tiempos y espacios (Ruiz, 2003:81).

El estudio permitió delinear un panorama general de la recreación como derecho en Latinoamérica, pertinente para partir a la reflexión sobre el campo que abarca lo recreativo en nuestros países, las concepciones teóricas en las que se sustenta, así como sus relaciones con las distintas esferas institucionales, entre otras cosas.

Las Constituciones y los Derechos Sociales

La Constitución de un Estado, es “un conjunto de normas escritas o consuetudinarias, dotadas generalmente de rango singular, que regulan la organización de poderes y definen los derechos y deberes de los particulares” (Sánchez, 2000: 269). La definición de los deberes y derechos de los habitantes de un Estado Nación guarda en la Constitución una dimensión axiológica, de defensa de los valores que contribuyen a la realización de las personas. Esta dimensión axiológica descubre, entre otras cosas, el reconocimiento de las necesidades que una comunidad realiza, y nos da indicios sobre rasgos significativos de la sociedad, los que se cristalizan en un momento dado.

Las Constituciones Latinoamericanas guardan estrecha sintonía con la protección de los derechos sociales. Un derecho social es aquel que debe garantizar el Estado en tanto su realización no es posible de alcanzar individualmente y en el mercado. Derechos sociales, políticos, culturales y económicos, constituyen el meollo del constitucionalismo social, mas atacado. “Las referencias a los derechos de los ancianos, los niños, el derecho al deporte, a la alimentación adecuada, los derechos de la naturaleza y un larguísimo etcétera, han generado, habitualmente, burlas y menosprecio sobre los nuevos textos” (Gargarella y Courtis, 2009: 31) constitucionales Latinoamericanos. Tal apartado incluye entre otros, “el derecho a la recreación”. Pero lejos de compartir la crítica a los derechos de este rango, entendemos que, “en buena medida gracias al status constitucional que se le ha asignado a algunos reclamos, se han reivindicado los derechos de muchas personas de carne y hueso. Por ejemplo, grupos indígenas y homosexuales, habitualmente maltratados en sus derechos fundamentales, han encontrado respaldo en estas Constituciones y litigado -en algunos casos importantes, al menos - de modo exitoso, frente a los tribunales. Y ello, en buena medida, gracias a lo escrito en estas nuevas Constituciones” (Gargarella y Courtis, 2009: 32).

La recreación, detenta este estatus constitucional en diversos países Latinoamericanos, situación que habilita su demanda, cualificación y satisfacción, justamente por ser un derecho constitucional, ya sea que esté garantizado para grupos específicos como para toda la población de una nación. Pero antes de caracterizarlo en profundidad, reparemos brevemente, y quizás a modo de antecedente, en el derecho de fenómenos directamente asociados al derecho en cuestión. 

El derecho al tiempo libre

Tiempo Libre es el concepto que irrumpe tempranamente en las distintas formulaciones normativas internacionales. El tiempo libre originado en la revolución industrial, da lugar al primer derecho de nuestro campo de estudios consagrado internacionalmente: el derecho a descanso o vacaciones. Según la Organización Internacional del Trabajo - OIT- el derecho al descanso está conformado por el derecho a la limitación del horario de trabajo; el derecho a la protección especial para los trabajadores en horario nocturno; el derecho al descanso semanal; el  derecho a vacaciones, y el derecho a días feriados.

En el mismo sentido, el criterio de consideración del descanso en las normas Constitucionales Latinoamericanas, se encuentra establecido en función del tiempo, y abarca desde la jornada diaria hasta el período vacacional. Supone a la vez, que el descanso puede realizarse en diferentes formas, y que son todas ellas necesarias: horas diarias que permitan la recuperación de la jornada laboral mediante el sueño; descanso semanal más prolongado y vacaciones que permitan además del sueño, el descanso mediante el cambio de actividad.

Las vacaciones, por su parte, han sido el intento por favorecer el descanso en una combinación de reposo y cambio de actividad por un período más prolongado, lo que supone que el trabajador pueda regenerarse en todas sus capacidades. Según Walzer “el uso del sustantivo vacación con el sentido de asueto privado data apenas de la década de 1870; el verbo vacacionar, del final de la de 1890” (1997: 201). Es decir, que si  bien las vacaciones son parte de las formas de descanso que necesita el trabajador, constituyen un elemento propio de la revolución industrial que se desarrolló más vinculado a la legislación y las consideraciones administrativas, que a la propia práctica, y fue gestado e impulsado en la órbita de la propia OIT.

Esta breve presentación, nos aporta un dato significativo: el derecho a vacaciones -a tiempo libre o a descanso- es un derecho del orden laboral, es decir que está destinado a los trabajadores, a los asalariados, por fuera de esa categoría carece de significado. A la vez, el bien que protege está claramente identificado: “tiempo libre, pago”, o sea la cesación momentánea del trabajo sin dejar de percibir el salario. Paralelamente, y como apretada síntesis ya que sería objeto de otro artículo-, cabe destacar que se ha establecido que el Art. 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), corresponde también al ámbito del derecho laboral. El art. 24 proclama: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a unas vacaciones periódicas pagadas”. Aquí, nuevamente “gozar de tiempo libre” es para aquellos que detentan un trabajo asalariado. Si bien no escapa en su enunciación a la fórmula “toda persona”, propia del carácter universal de esta declaración, el art. 24 “se refiere a unos derechos que se han ido desarrollando y consolidando a partir de la formalización de las relaciones jurídico-laborales surgidas con la Revolución Industrial” (Rojo, 1998:392).

Pero no se presenta la misma situación en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre promulgada en Bogotá en el año 1948, con unos meses de anterioridad a la mencionada Declaración Universal de Derechos Humanos. Los países americanos reconocieron en el Art. 14 de su declaración que “toda persona” tiene derecho al trabajo, y resguarda las condiciones que garanticen la dignidad en ese ámbito particular, mientras que en el Art. 15 declaran que “Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico”. En este caso se reconoce el derecho a la recreación sin estar necesariamente articulado con el orden jurídico laboral. El dato -por demás significativo a los fines de este estudio-, está indicando un temprano reconocimiento de la necesidad de recreación independientemente de lo que suceda en la esfera laboral. La recreación no aparece aquí como un elemento compensatorio frente al trabajo.

En la misma línea de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948), el derecho a la recreación presente en las constituciones Latinoamericanas, como veremos a continuación, no se circunscribe al orden del derecho laboral; no es un derecho restringido a quienes son asalariados, sino que es patrimonio de toda persona, o bien de colectivos de personas, en tanto aparece desligado de la condición de ser trabajador, para su demanda.
El derecho a la recreación

Partimos identificando entonces que en varias Constituciones de países latinoamericanos,  además del derecho al descanso y vacaciones, existe otro derecho: el derecho a la recreación. El primero garantiza que los trabajadores asalariados dispongan de “tiempo libre pago”, ese es el bien que protege. Pero ¿Cuál es el bien que protege el derecho a la recreación? ¿Qué nos habilita a demandar como ciudadanos? ¿Qué se compromete el Estado a realizar con respecto a este derecho? A fin de dar respuesta a estos interrogantes, abarcaremos los siguientes aspectos, y en el siguiente orden: 1- países que reconocen explícitamente el derecho a la recreación - o fórmula similar-; 2- sujeto de derecho; 3- fin que consagra el derecho a la recreación; 4- ámbitos de la vida social articulados al derecho a la recreación; 5- formulaciones generales en torno al tema; 6- acciones comprometidas por los Estados para garantizar este derecho.

Con relación al primer aspecto, se establece que la recreación -o fórmula similar-  es reconocida como derecho en las Constituciones de diez países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, no siendo explícitamente reconocida como tal, por los restantes 9 países latinoamericanos analizados, si bien alguno de ellos formulan acciones relacionadas al fenómeno. 
  
De acuerdo a su denominación, como derecho a la recreación está reconocido en Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela; Brasil y Paraguay reconocen el derecho al Ocio. Perú, reconoce el derecho al Tiempo Libre, y México lo hace al esparcimiento. Tanto las Constituciones de México, como Perú y Paraguay utilizan tales denominaciones únicamente en los artículos que enuncian el reconocimiento del derecho, posteriormente -en otros artículos- se refieren a la recreación.

Recreación es el término que comprende y designa las prácticas del tiempo libre vinculadas al disfrute, al goce y placer públicos, en América Latina. El ocio, en estos países de habla hispana, expresa una connotación negativa, presumiblemente devenido de la valoración negativa que se otorga a la ociosidad. Ecuador y Panamá, asignan una significación en extremo negativa a la ociosidad, situación que permite inferir igualmente un desvalor para el ocio. Para el caso de Ecuador, en el Capítulo 7, bajo el sub título “de los deberes y responsabilidades”, Art. 97, expresa: “Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y la ley: (…) - 20 - Ama quilla, ama lulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar.

Panamá por su parte, en el Capítulo 8, subtitulado “del Régimen Agrario”, Art. 119 expone: “El Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas y ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta.”

Los dos ejemplos son por demás elocuentes al destacar la concepción de ociosidad como vicio de no trabajar o perder el tiempo -cuando adjetiva al individuo-, o como objeto inútil cuando remite a una materia que no ha estado sometida a la transformación por el trabajo del hombre en el proceso de producción. La referencia recuerda que “la ociosidad, relacionada al pecado capital de la pereza, ha sido tradicionalmente la causante de todo vicio y, por su oposición al trabajo, una lacra difícil de tolerar por la sociedad” (Cuenca, 2000:19).

México imprime una connotación negativa a la expresión “lugar de recreo”, en el Art. 123 A- XX - VII d. En el mismo, establece que “serán condiciones nulas las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario”. En este caso se interpreta que nuevamente, subyace un valor positivo en torno a la acción “pago del salario” -resultado del esfuerzo del trabajador- y un disvalor, o valor negativo a los espacios que ese colectivo social identifica como de disfrute y recreo.

En conjunto, los tres países dejan ver la oposición aún prevaleciente entre “trabajo y ocio” que ha sido arduamente estudiada, fundamentalmente por la sociología de mediados del siglo XX.

Hasta aquí queda claramente identificado, que los países latinoamericanos, en su mayoría, identifican a este derecho como “derecho a la recreación”. No obstante el acuerdo aparente en cuanto a la forma de denominación, no permite reconocer adecuadamente el contenido o el bien que se está protegiendo. De allí que sea necesario indagar cuál es el bien a proteger cuando se habla del derecho a la recreación. A medida que se desarrolle este estudio estaremos en condiciones de ir caracterizando este aspecto.

Una diferencia reveladora entre el derecho a vacaciones y el derecho a recreación es el “sujeto de derecho”, denominación que identifica en esta investigación, a las personas o colectivo de personas facultadas para la demanda del mismo. En este caso, a diferencia del derecho a vacaciones existe disparidad entre los distintos países en cuanto a quienes son los titulares del derecho a la recreación. Tal disparidad, implica en consecuencia, que la necesidad de recreación es reconocida en algunos países sólo para determinados colectivos, como se observa en el cuadro 5 5
Cuadro 1
Derecho a la Recreación según sujeto de derecho
Derecho a la Recreación según sujeto de derecho
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Fuente: Elaboración propia
Colombia, Cuba, Nicaragua, Perú y Venezuela, reconocen el derecho a la recreación para la totalidad de los habitantes de sus respectivas naciones; Brasil y Ecuador lo hacen explícitamente para niños y adolescentes; México solo para los niños y niñas con Honduras que lo amplía también a las madres, y Paraguay reconoce el derecho al ocio únicamente para el colectivo Adulto Mayor. El derecho a la recreación se insinúa en el conjunto de las constituciones como un derecho para “todas las personas”, si bien todavía no ha alcanzado ese estatus en todos los países.

Además de lo detallado en el párrafo anterior, se verifica la incorporación de  nuevos colectivos de personas como sujetos del derecho a la recreación. Estos parecen estar asociados al reconocimiento de necesidades particulares de recreación a partir de circunstancias especiales de vida. México, reconoce a las “comunidades indígenas” y a los “obreros, jornaleros y artesanos”. En el Título Primero, Cap. 1. Art 2 B-IV, la Constitución Mexicana propone: “Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de la vivienda así como ampliar la cobertura de los servicios básicos.” Este aspecto, parte de la incorporación de los miembros de tales comunidades a la vida urbana, o de la usurpación de las tierras donde han vivido por años. Se evidencia que tales comunidades, no disponen de espacios para interactuar, recrear su cultura y afianzar sus vínculos como grupo étnico diferenciado. De allí que la disponibilidad de “espacios”, entre ellos, el espacio dedicado a la recreación, se constituya en una necesidad. La necesidad de espacios recreativos es igualmente reconocida para el “artesano doméstico” y “obrero a jornal”. En estos casos, los modos del trabajo, o bien “sacan” al obrero de su espacio cotidiano, -pensemos en los trabajadores denominados “golondrina”, que se desplazan para levantar las cosechas en sitios distantes de su hogar- presentes en nuestros países latinoamericanos; o bien los aíslan en su espacio de vida privado, como puede ser el “artesano doméstico”. Ambas formas, están demandando espacios de recreo.

Diferente consideración merecen los “trabajadores agrarios”. Según el Art. 64 de la Constitución Colombiana expresa: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.” Es significativo reflexionar sobre el contexto en el que se sitúa a la recreación aquí, en tanto la misma aparece compartiendo el mismo nivel discursivo que los servicios de primera necesidad. Paralelamente consolida la identificación de la recreación como seguridad social -aspecto que desarrollaremos más adelante-, aunque no brinde pistas sobre las características de tales servicios.

Otra categoría de destinatarios, la constituyen las “personas excepcionales o discapacitadas” en las Constituciones de Ecuador y Paraguay. Se incluye para ellos, especialmente, la disponibilidad de bienes y servicios recreativos, así como la atención de su recreación. La enunciación en este caso no pasa de ser una formulación general.

Según se explicara anteriormente, el derecho a la recreación está comprendido entre los derechos sociales. Este tipo de derechos, claman por el acceso a bienes y servicios, a prestaciones estatales. La distribución de esos bienes y servicios será proporcional a las “necesidades diversificadas de cada persona, a la situación concreta en que se encuentre, al grupo al que pertenece o a la clase de persona que se encuentran en esa misma situación” (Osuna y Largo 2002: 192). En tanto los derechos sociales son la medida de una necesidad es el Estado el que debe garantizar su satisfacción. Para el caso del derecho que estamos investigando, hemos establecido que cuando el sujeto de derecho se enmarca en un colectivo de edad, la familia aparece también como institución responsable en garantizar el derecho, junto al Estado y la sociedad en general.

Garante del Derecho a la Recreación según sujeto de derecho
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Fuente: Elaboración propia
Cuadro 2
Garante del Derecho a la Recreación según sujeto de derecho

Mediante la interpretación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, podemos aproximarnos prácticamente a la defensa del Derecho a la Recreación que realiza el Estado como garante del mismo. Interesa destacar, por un lado, que la sentencia es prueba de la intervención concreta del Estado en defensa del derecho a la recreación, y en consecuencia, en reconocimiento activo de la necesidad de recreación. En otro sentido, brinda precisiones en cuanto al significado del derecho a la recreación en la pobreza. En esta dirección, en principio, la Corte Suprema reafirma a la recreación como un derecho constitucional. Recordemos que Colombia, es uno de los países que así lo tiene establecido. Luego, reconoce a la recreación como una necesidad humana fundamental del hombre, que se articula con el derecho de libre desarrollo de la personalidad. La Corte reconoce también mediante su sentencia, la obligación del Estado de actuar en consecuencia con los sectores de menores recursos, entendiendo que debe proveer posibilidades de recreación a los sectores más pobres; finalmente vincula los beneficios aportados por la participación en el tiempo libre, con las dimensiones del desarrollo comunitario, laboral y político.

Corresponde ahora el análisis en torno al “fin” que consagra el derecho a la recreación. La importancia que adquiere el preguntarnos por los fines que persiguen las Constituciones al proclamar el derecho a la recreación se apoya en reconocer que esos fines constituyen necesidades de los ciudadanos que el Estado reconoce, y faculta, por tanto, a los Poderes Públicos para su realización. La necesidad es el nexo jurídico entre la situación de hecho y el aspecto teleológico expresado en el derecho. Este aspecto está explícitamente planteado sólo en algunas de las constituciones analizadas. Nuevamente es de interés presentar los datos en función de los distintos sujetos de derecho, identificados.
Fin del Derecho a la Recreación según sujeto de derecho
Cuadro 3
Fin del Derecho a la Recreación según sujeto de derecho
Fuente: Elaboración propia
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En conjunto los fines explicitados por los cuales se garantiza el derecho a la recreación, pueden agruparse como sigue: 1- formación, desarrollo y protección integral; 2- crecimiento y desarrollo con buena salud; 3- beneficio para la calidad de vida individual y colectiva.

Una de las ideas que más destacan del conjunto, es la que se adjetiva con “integral” - referida al desarrollo, crecimiento y formación. Enfocado como desarrollo integral del individuo, alude a que la formación durante el crecimiento del mismo debe abarcar la totalidad de las facetas que nos constituyen como seres humanos. Desarrollarse física, intelectual, afectiva, social y políticamente, como seres realmente implicados en el curso de su propia vida y la de su comunidad. Se reconoce en definitiva que la recreación contribuye en tal sentido.

Para el sujeto “todas las personas”, la fórmula es “formación integral” y  “preservar y desarrollar una mejor salud”. Se infiere en estos casos, que existe un reconocimiento de la necesidad de recreación también en la adultez, ya que el término “preservar”, aludiría a una acción a realizar a lo largo de la vida. Finalmente, para este mismo grupo se expresa como fin del derecho a la recreación “beneficiar la calidad de vida individual y colectiva”.

En síntesis, desde las características mencionadas en las constituciones, la recreación es entendida como parte integrante del desarrollo del individuo. Las enunciaciones sugieren que la misma actúa tanto en el ámbito de formación -física, intelectual, emocional-, como en el de la salud. Y se la reconoce luego, como parte de la calidad de vida. Por último el beneficio que otorga la recreación se reconoce tanto en el nivel individual como social.

Reconocido básicamente el desarrollo integral como fin del derecho a la recreación, se buscó identificar si las constituciones hacían mención explícita de la recreación como necesidad. Tal premisa se encontró en las Constituciones de tres países: Cuba; México y Paraguay.

Cuba realiza una mención a la necesidad de recreación en el Capítulo XII de su Constitución destinado a los “Órganos locales de poder popular” en un marco que se puede calificar de organizativo. Así, el art. 103, especifica que: Las Administraciones Locales que estas Asambleas (las Asambleas del Poder Popular) constituyen, dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local, con el propósito de satisfacer necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una.”

La Constitución mexicana en el Título Primero, Capítulo I -de las garantías individuales- en su art. 4 establece: “… Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”

Paraguay, señala en su Constitución -Título II, De los derechos, de los deberes y de las garantías, Capítulo IV de los derechos de la Familia, Art 57, de la Tercera edad, que: “Toda  persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio.”

La recreación, es reconocida como una necesidad humana básica o fundamental en tanto comparte el mismo nivel discursivo que la salud, la alimentación, la educación, etc.. La necesidad de recreación comparte la condición de ser indispensable -como si de alimento se tratara para un organismo vivo-, en niños y adulto mayor, según se observa en las Constituciones de México y Paraguay. Tales países, parecen reconocer a la necesidad de recreación como necesidad básica en el orden de las necesidades fisiológicas.

Otro aspecto del estudio, procuró identificar los ámbitos de la vida social articulados al derecho a la recreación. En este sentido, se encontraron cinco términos directamente asociados al derecho a la recreación: cultura, deporte, salud, educación y seguridad social. Los cuatro primeros, podrían pensarse como esferas institucionales que tradicionalmente han estado vinculadas al fenómeno en estudio. Pero quizás lo más novedoso sea la idea de seguridad social, -que no constituye un ámbito en sentido estricto-, sino que está enmarcando a este derecho como derecho social. Tal idea expresa que el Estado asume la obligación de prevenir, de proteger a las personas contra riesgos sociales. Si bien la seguridad social tuvo su origen en el marco del derecho al trabajo -específicamente con el seguro social del trabajador-, en la actualidad es indiscutible su carácter de institución jurídica autónoma, que procura con la asistencia de “prácticamente todas las ciencias, técnicas, disposiciones administrativas, programas gubernamentales y hasta actividades desarrolladas por el ser humano, (…) alcanzar su eventual protección integral” (Ruiz, 2008: 223). Esta establecido que el derecho a la recreación se presenta como una forma de seguridad social en Latinoamérica; la medida en que esto se hace efectivo así como qué involucra en términos de recursos y acciones en cada caso particular, puede sin duda ser motivo de investigaciones empíricas. Lo que no podemos soslayar aquí, es que la recreación como seguridad social es un aspecto a integrar en nuestro campo de estudios. 

Otro aspecto del estudio, el que enunciamos en quinto lugar, analiza una serie de afirmaciones o formulaciones generales con relación a la recreación, presentes en algunos textos constitucionales. Las mismas permiten inferir matices de la concepción que los distintos países tienen de ella y nos orienta -en consecuencia- sobre contenidos a considerar en el campo de estudio de la recreación. 

Colombia se destaca por equiparar en su Art. N° 67, trabajo y recreación como dos dimensiones en la formación del colombiano. Más allá de lo que podamos constatar en una investigación dedicada al caso particular, la formulación es por demás significativa en tanto rompe la premisa tradicional de educar para el trabajo con exclusividad, incorporando la dimensión recreativa como un aspecto valorado en la formación del individuo.

La proposición identificada en la Constitución de Cuba en torno a la recreación expresa en su Art. N° 43 el derecho a la igualdad entendido en el acceso sin distinción de ningún tipo, al disfrute de espacios y centros vinculados a prácticas recreativas. Panamá si bien no reconoce explícitamente el derecho a la recreación, incluye en el Art. N°85 declaraciones que ubican a los medios masivos de comunicación como instrumentos de recreación. Venezuela expresa en el Art. N° 111, que la recreación será asumida por el Estado como política de educación y salud garantizando los recursos para ello. Este último matiz, es similar al formulado por Colombia cuando expresa que la recreación constituye un gasto público. Aquí, la recreación se entiende como parte de las formas de seguridad social que debe ofrecer el Estado.

Finalmente, las constituciones formulan una serie de acciones que los Estados llevarán a cabo con relación a este fenómeno. Se trata de acciones concretas que nos dan indicios sobre el contenido del derecho a la recreación, sobre “el bien” que el mismo protege o del que es garante. Del estudio se desprende que para la categoría de destinatario “toda persona” los países que han declarado el derecho a la recreación, prevén: incentivar el ocio; fomentar las actividades deportivas y recreativas; inspeccionar, vigilar y controlar las organizaciones deportivas y recreativas; satisfacer necesidades de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas, y recreativas; determinar la organización, el funcionamiento y las tareas de las entidades encargadas de realizar actividades y servicios … recreativos; reconocer  y garantizar el derecho a una calidad de vida que asegure salud, alimentación, educación, trabajo, recreación, vivienda …; proteger, estimular, promover, coordinar la cultura física, el deporte y la recreación; proveer de recursos e infraestructuras que permitan la masificación de las actividades; impulsar la práctica del deporte, la educación física mediante la participación organizada y masiva del pueblo; realizar programas y proyectos especiales; ordenación territorial y urbanística de parques, jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación.

Guatemala y Panamá, aunque no reconoce explícitamente el derecho a la recreación, detallan en sus Constituciones, acciones en este campo sin especificar destinatario. En el primer caso estipulando una asignación presupuestaria; en el segundo caso asociando la recreación al arte y la cultura física para su promoción y fomento.

Estas acciones que los Estados comprometen con relación a la recreación, son los aspectos instrumentales que mediatizan el derecho. De esta forma, se convierten en los medios que permiten satisfacer la necesidad de recreación, que el derecho está reconociendo. Al mismo tiempo, este aspecto indica concretamente el alcance de la recreación en el orden institucional de ciertos países latinoamericanos. A su vez, y en un plano teórico, se afirma que el conocimiento de la existencia de estas mediaciones contribuye a ampliar el reconocimiento de la necesidad de recreación, y en consecuencia actuar hacia su satisfacción. Según Heller (1996) la acción hacia la satisfacción de una necesidad, aparece en tanto existen las objetivaciones, los fines y las instituciones sociales que podrían guiar la satisfacción de la misma.

Recapitulando, con el fin de iniciar la reflexión final de este artículo, y ante la pregunta ¿qué bien protege el derecho a vacaciones?, hemos establecido que se trata de un “tiempo remunerado, libre de trabajo”. Si nos hacemos esa misma pregunta con referencia a la recreación en América Latina, y sintetizando las menciones de los diferentes textos constitucionales, la respuesta indicaría que el derecho constitucional a la recreación en América Latina, protege: 1-  la realización de prácticas masivas de deporte, actividad física, arte; 2- el desarrollo y regulación de actividades; 3- el acceso y utilización de bienes y servicios e infraestructuras; 4- el ordenamiento territorial y urbanístico: parques, balnearios, jardines, plazas; 5- el desarrollo de programas y proyectos especiales; 6- la concreción de políticas públicas; 7- el acceso a espacios, playas, parques, círculos sociales, deportivos, de descanso, de cultura; 8- reservar y destinar espacios para establecimiento de centros recreativos; 9- la vigilancia, inspección y control de las organizaciones; 10- la existencia de medios de comunicación como medios de recreación.

De lo enumerado en el párrafo anterior, derivan problemáticas que deben interesarnos tanto en el plano teórico como práctico de intervención y análisis del campo recreativo, en tanto son aspectos que reflejan el hecho recreativo en Latinoamérica.

Como hemos visto, el derecho a la recreación, promueve en algunos casos el  “acceso a…”.  La expresión advierte sobre la instancia previa al hecho recreativo, indica habilitar la “puerta de entrada” a la recreación y sus beneficios. Pensar en “acceso” en términos de derecho a la recreación, es oportuno en tanto -por ejemplo-, en la actualidad “la gente pobre tiene, sistemáticamente, menos acceso a espacios verdes y a instalaciones recreativas, y esto tiene un impacto directo sobre la salud” (Patel, 2008:237). La imposibilidad de acceso que podemos hacer extensiva a las costas de ríos, arroyos, playas, lagos, así como a parques y plazas, inhibe la realización de diversas actividades -caminatas, sol, encuentros familiares, actividad física, juegos, entre otras tantas-, vinculadas directamente a la salud, las propias prescripciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto prevención y protección integral del ser humano. Hoy debemos reconocer, que en nuestras ciudades, los espacios verdes se han constituido en un recurso vital cotidiano (Patel, 2008). Obviamente este aspecto nos indica la necesidad de indagar más en el orden jurídico, vinculado al plano de las necesidades de los individuos, la urbanización, la naturaleza y la salud.

En el mismo sentido se advierte sobre el acceso a la cultura, vinculado a la seguridad social en lo que refiere a la posibilidad de la construcción de la propia identidad ya sea de los miembros de los pueblos originarios, como de las distintas colectividades que en el marco del fenómeno migratorio se desplazan en el interior de nuestros países Latinoamericanos. El planteo debiera superar la mera incorporación de las expresiones de la cultura en los proyectos y programas recreativos. Se trata básicamente de aportar al “reconocimiento del otro”, dar visibilidad a las múltiples culturas existentes en América Latina, como un ejercicio de aprehensión de los significados propios de cada grupo humano y para cada grupo humano.

Paralelamente el derecho consagra aspectos que pudieran considerarse novedosos desde la perspectiva del campo de estudios de la recreación. Nos referimos a la inspección y control de las organizaciones públicas y privadas que actúan en el ámbito recreativo, y a las condiciones de seguridad e higiene. Paradójicamente es amplia la consideración y legislación en este sentido en el marco del derecho laboral, mientras que no existen casi formulaciones de este tipo para la recreación. Destacan fundamentalmente los temas de seguridad e higiene, que no tienen desarrollos en el campo de estudios de la recreación, no obstante afirmamos permanentemente que las prácticas recreativas han de ser consideradas con base en la dignidad humana.

Finalmente cabe destacar que el hecho recreativo que supone el derecho a la recreación en América Latina, -según hemos visto-, excede la perspectiva tradicional de planes y programas recreativos. Incluye aspectos de la recreación que deben involucrarnos como investigadores en problemáticas diversas: mercado inmobiliario, uso de la tierra, condiciones de urbanización, legislación de sirga o servidumbre de paso, restricciones de ingreso a sitios privados de uso público, discriminación, exclusión, contaminación ambiental con inclusión de la contaminación estética y sonora, factores vinculados al resguardo patrimonial, ya sea de bienes tangibles como intangibles, entre otros tantos.

Indagar estas problemáticas para dar efectividad al contenido enunciado por el derecho a la recreación en Latinoamérica, implica ampliar la mirada de lo que entendemos por recreación de la mano de diferentes perspectivas disciplinares que consoliden los marcos teóricos que nos ayuden a explicar el fenómeno; a la vez que indica incursionar en diferentes esferas de la vida social, para desentrañar las vinculaciones que tengan con lo recreativo, y adentrarnos en su estudio, análisis, denuncia y propuesta de acción, que propicie en definitiva, que el derecho a la recreación sea efectivo para todos los latinoamericanos.
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